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martes, 14 de febrero de 2017

Abogados penalistasEs de gran relevancia contar con abogados penalistas en el momento en que hay que valorar y obtener o rechazar pruebas, así como realizar otras acciones relacionadas con delitos o faltas. Un abogado especializado en Derecho Penal puede ser tanto representante de la parte acusadora como acusada. Podemos considerar el Derecho Penal como un derecho de carácter público, puesto que en esta área, se ve vinculada la sociedad desde múltiples perspectivas.

En Derecho Penal afecta a la convivencia, a la protección de las personas, de sus derechos... Es uno de los motivos por los que se requieren alta cualificación. A la hora de enfrentarse a Derecho Penal engloba muchos ámbitos, y puede relacionarse con el Derecho de Familia o con el Laboral. De todas maneras, solo abogados penalistas con la máxima cualificación, podrán obrar con las armas legales más adecuadas para defenderle, en el caso de que Vd. esté acusado de algún delito o falta, o para representarle como parte acusadora.
juicios por diversas causas, los clientes han de encontrarse cubiertos por profesionales específicos para cada caso. El

Los delitos contra las personas son de los más relevantes en este área. Son delitos que engloban desde malos tratos a agresiones sexuales, asesinatos, homicidios... y otras muchas situaciones que no tienen por qué ser tan extremas. En todo caso, muchas de las personas que son acusadas de delitos o faltas, pueden hallarse indefensas e intranquilas si no se hallan debidamente cubiertas. En Barcelona capital encuentre profesionales que no solo le proporcionan soluciones para cualquier proceso de orden Penal, sino también información y asesoramiento. En este sentido, hay que indicar que la comunicación es fundamental en los procesos de este tipo, una comunicación a varias bandas (entre abogado y procuradores, peritos, etc.), entre ellas que vincula al letrado con el cliente. Este deberá estar permanente informado, mediante conceptos sencillos de entender, de toda la situación que afecta a su proceso penal.

lunes, 9 de enero de 2017

Divorcios contenciosos
Los divorcios conflictivos son también susceptibles de necesitar la acción de abogados especializados en Derecho Penal. Es el caso de ciertos divorcios contenciosos en los que hay varios factores graves que pueden hacer variar la última decisión judicial. En la ciudad de Barcelona, profesionales letrados le asisten para que su divorcio contencioso no implique más problemas que los ya inevitables. En este tipo de procedimientos, no suele haber facilidades por ninguna de las partes. Son disoluciones no acordadas en las cuales el convenio regulador ya no es seguido. El Derecho Penal entra en juego cuando puede haber situaciones delictivas en cuanto a ciertos factores, como puede ser la desatención o el mal trato a menores.

Se da el caso de ciertos cónyuges que, tras la separación y tras no habérseles concedido la guarda y custodia de los menores, creen que sus hijos pueden estar recibiendo malos tratos u otras situaciones indeseables. Los abogados penalistas especializados en divorcios, atienden toda clase de consideraciones para que los clientes hallen todas las opciones a su alcance.

Asimismo podrán ser dirimidas otras muchas cuestiones, ya que los abogados especializados en Derecho Penal, se coordinan con profesionales de diversas ramas si es necesario obtener pruebas gráficas o de otro tipo. Un equipo coordinado es la mejor garantía para cuando el divorcio contencioso contiene aspectos complejos, cuestiones que, de ser mal conducidas legalmente, pueden conllevar a situaciones no deseables ni para los clientes ni para los menores.

Por otro lado, en los divorcios contenciosos también podrán llegarse a acuerdos. En lo posible, hay que evitar que estos sucesos afecten la calidad de vida, bienestar y buen desarrollo personal de todos los miembros de la familia, especialmente de los más vulnerables, como son los menores. Le proponemos acciones legales en varios ámbitos, solicite información y obtenga las respuesta que estaba buscando.

jueves, 10 de noviembre de 2016

Lo primero que debemos señalar es que, en cuanto al principio de proporcionalidad de la pena, y con arreglo a nuestro sistema jurídico, no puede en el caso concreto, pretenderse que se imponga una adecuación cuantitativa de la pena al marco legal en vigor en nuestro ordenamiento jurídico.

Esto se debe a que, si no, en caso de delinquir un ciudadano español en otro país, y siendo éste condenado por el Estado en el que se ha cometido el acto delictivo, y posteriormente autorizado a cumplir la pena en el propio de su nacionalidad, nos encontraríamos ante una adecuación automática de los marcos legales vigentes en nuestro texto legal punitivo. Y ello conllevaría en la práctica, entre otras consecuencias, que muy probablemente en un futuro no demasiado lejano, ese tipo de autorizaciones de ejecución de la pena en el país de origen otorgadas por el Estado que dictó la condena, acabaran por quedar reducidas a unos términos claramente perjudiciales para futuros penados.

Pero, ¿significa esto que los Tribunales españoles deben ejecutar sin filtro jurisdiccional alguno penas que por su elevada cuantía contradigan de forma patente el principio de proporcionalidad penal establecido en nuestro sistema constitucional? En modo alguno. Podríamos encontrarnos en tales circunstancias, en supuestos de penas privativas que rebasen claramente la cuantía punitiva establecida en nuestro sistema penal.

Esto quiere decir, que habrá que analizar uno por uno cada caso concreto para establecer si existe colisión con el principio de proporcionalidad que acoge nuestro sistema.

Llegados a este punto, es necesario hacer referencia al artículo 10 del Convenio de Estrasburgo, según el cual, una vez examinada la dicción de la norma, sí que se permite a través del sistema de prosecución del cumplimiento, adaptar la duración de la pena a nuestro ordenamiento jurídico penal, sin que ello suponga la obligación de acudir a un procedimiento de conversión.

domingo, 14 de agosto de 2016

La injuria es un delito contra el honor. Se entiende el honor en dos aspectos. El primero es el normativo, que se vincula a la dignidad humana inherente a toda persona. El segundo aspecto es el fáctico, que se vincula con la autoestima, y con la forma de reputación social.

El honor aparece como un atributo de la personalidad que posee toda persona. El honor se definiría como el derecho de toda persona a ser respetada por los demás. El bien jurídico del honor debe vincularse a este aspecto normativo, de manera que la autoestima o reputación social aparezcan como condiciones de la dignidad humana, con relación a la protección del bien jurídico.

La injuria es la acción o expresión que lesiona la dignidad humana de otra persona. Se distinguen varias clases de injurias, que consisten en expresiones que pueden ser expresadas verbalmente o por escrito, o de un modo simbólico (caricaturas). Dentro de estas injurias en expresiones, hay que distinguir las que consisten en juicios de valor o en imputación de hechos. Es relevante la distinción por varios hechos (para saber si es una falta o delito, o para saber las agravantes). El honor no se protege solo por el Código Penal. De hecho, se reconoce más en el Derecho Civil.

Solo las injurias graves constituyen delito. La gravedad depende de muchos factores, que se valoran caso por caso. Depende de la posición social, el ámbito geográfico, las relaciones entre el sujeto activo y el pasivo, etc. En las injurias que consisten en imputación de hechos, el legislador apunta un criterio adicional para distinguir entre delito y falta (conocimiento de la falsedad y temerario desprecio hacia la verdad). La falsedad no es la objetiva, no se refiere a que el hecho imputado sea objetivamente falso, sino que se refiere a la actitud del sujeto activo hacia la verdad. Es la falsedad subjetiva (que el sujeto activo imputa algo que es falso o no es verdad sí es falta grave). Si el sujeto activo cree que el hecho que imputa es verdadero (veracidad subjetiva), solo podrá aplicarse la falta de injurias.

Hay que tener en cuenta que los hechos imputados no han de ser constitutivos de delito, porque si es así, estamos ante un delito de calumnias (tipo agravado de las injurias).

miércoles, 6 de julio de 2016

Pocos temas tan sensibles y delicados como los supuestos de violencia contra las mujeres. Si en una sociedad occidental con cierta tradición de respeto a los derechos ciudadanos, especialmente los más desprotegidos, se siguen produciendo casos de este tipo de violencia, actualmente la situación no ha ido a mejor teniendo en cuenta la amalgama cultural que nos rodea y las diferentes costumbres que propician variados modos de violencia contra la mujer.

Desde 2004, contamos en España con una ley estatal que regula una serie de derechos específicos que pretenden combatir parte de estas lamentables actuaciones. La norma en cuestión es la ley de Medidas de protección integral contra la Violencia de Género. Esta ley puso en práctica que las mujeres objeto de todo tipo de violencia ejercida por su marido o pareja, o que lo hayan sido, tengan ciertas garantías entre las cuales se contemplan la asistencia de un abogado de guardia permanente, que les asistirá desde el primer instante en todo tipo de procesos judiciales, incluso en la simple formulación de la denuncia.

No obstante, la norma no ampara con amplitud otros supuestos, como la violencia doméstica. Para estos casos, cada comunidad cuenta con legislación específica, o se buscará la aplicación por analogía de leyes nacionales.

En el caso de Barcelona, si está siendo víctima de violencia de género, le recomendamos que busque un abogado experto en derecho penal. No espere a que el daño esté hecho, y ante la mínima duda, contacte a un profesional del derecho. Desde nuestro despacho, estamos a su servicio para ayudarle. Contáctenos con total confianza y sin compromiso, y le asesoraremos. Nuestros abogados le acompañarán en todo momento, desde a poner la denuncia, hasta si es necesario acudir a juicio.

No lo piense más, hay salida a la violencia de género. Visite nuestro despacho de abogados penalistas en Barcelona, interpondremos todas las medidas legales necesarias para hacer respetar sus derechos.

jueves, 14 de abril de 2016

El Grooming es un problema relativo a la seguridad de los menores en Internet. Consiste en acciones deliberadas, por parte de un adulto, de cara a establecer lazos de amistad o cariño con un menor, a través de la red. El objetivo final del sujeto es obtener una satisfacción sexual mediante imágenes eróticas o pornográficas del menor e, incluso, como preparación para un encuentro sexual.

Las redes sociales son el medio más utilizado por estas personas, ya que es una manera rápida de contactar con los menores y, sobre todo, anónima. Para ganarse la confianza de sus víctimas, utilizan diversos métodos para convencerlas, tales como prometerles regalos o ventajas muy apetecibles. Entre sus acciones están la de concertar citas, en las que se va forjando una relación personal, hasta el punto de poder llegar a abusar sexualmente de ellos. En algunos casos, consiguen datos privados o fotografías y vídeos comprometidos de estos menores, los cuales utilizan para extorsionarles y así seguir manteniendo la relación de abuso.

Nos encontramos ante un grave problema ya que la práctica del grooming cada vez es más notable, debido en gran parte a la inocencia de los menores, quienes confían demasiado en una persona que acaban de conocer, y el anonimato de los delincuentes, que se ven protegidos por esa barrera que ofrece Internet.

¿Cuál es la solución? ¿Cómo puedo denunciar? ¿Está a salvo mi hijo? Si se plantea estas preguntas, no dude en contactar con un abogado. Como experto en la materia, podrá darle consejos para prevenir la situación, y actuar antes de que sea demasiado tarde.

Debe saber que nuestro Código Penal tipifica este delito en el Artículo 183 ter, imponiendo penas de hasta 3 años de prisión. Así que ante la duda, contacte con nuestro abogados expertos en derecho penal. No espere a que sea demasiado tarde, estamos en Barcelona para ayudarle.
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